En la actualidad, más de mil millones de personas, es decir, aproximadamente el 15 por ciento de la población mundial, viven con algún tipo de discapacidad, y el 80 por ciento de ellas viven en países en desarrollo.
Todos podemos entender lo difícil que es la vida para esas personas y sus familias, ya que en la mayoría de los casos no pueden encontrar un trabajo, o en casos graves ni siquiera pueden cuidar de sí mismos.
En los países en desarrollo, entre el 80% y el 90% de las personas con discapacidad en edad de trabajar están desempleadas, mientras que en los países industrializados la cifra oscila entre el 50% y el 70%.
Además, en todo el mundo, un gran porcentaje de esas personas son discapacitadas a causa de un accidente, una lesión o una enfermedad laboral.
En cuanto a los niños, alrededor de 240 millones de niños discapacitados en todo el mundo tienen un 50% más de probabilidades de no haber asistido nunca a la escuela que los niños sin discapacidad.
La pandemia de COVID-19 afectó aún más la vida de las personas con necesidades especiales y en varios países se registró un elevado número de muertes por COVID-19 entre los discapacitados. En muchos casos, se les canceló o retrasó el tratamiento.
Las Naciones Unidas afirman que se esfuerzan por promover los derechos y el bienestar de las personas con necesidades especiales. Sin embargo, su situación sigue siendo difícil debido a:
– Falta de sistemas públicos de salud sólidos y adecuados para atender a los discapacitados de forma que se cubran todas sus necesidades de salud y se garantice una asistencia médica adecuada.
– Falta de escuelas públicas especiales y centros de rehabilitación adecuados para la educación e inclusión de las personas con necesidades especiales en el empleo y en todos los aspectos de la vida.
– Falta de financiación adecuada para que puedan satisfacer sus necesidades.
– Falta de centros de alojamiento públicos y gratuitos para los discapacitados graves y los enfermos crónicos.
– Falta de suficientes medidas de seguridad e higiene en los lugares de trabajo.
Todo lo anterior podría y debería ser prioridad de todos los Estados y gobiernos, para proteger la salud y la vida de los más vulnerables. Sin embargo, en el sistema de explotación predominante todo lo anterior es un coste que no cabe en el presupuesto de los Estados. Por el contrario, se promueve sistemáticamente la idea de la responsabilidad individual de las personas discapacitadas y de sus familias para atender sus necesidades, de modo que los gobiernos puedan deshacerse de sus propias responsabilidades. Y, por supuesto, en estas sociedades la indiferencia y las discriminaciones contra las personas con necesidades especiales siguen existiendo e incluso se recrudecen.
La Federación Sindical Mundial hace un llamamiento a las y los trabajadores de todo el mundo para reforzar nuestra lucha por la protección y la mejora de las condiciones de vida de las personas con discapacidad.
Reiteramos nuestras reivindicaciones militantes:
– Prevención de las discapacidades
-Acceso a servicios sanitarios y de rehabilitación gratuitos, públicos y de calidad para las personas con discapacidad
– Acceso a la educación
-Creación de centros de alojamiento públicos y adecuados
-Creación de las infraestructuras necesarias para su desplazamiento y transporte
– Empleo para todas las personas con discapacidad que puedan trabajar
– Que los estados les aseguren una vida dignificada
El Secretariado